El domingo 17 de mayo de 2026, el presidente Javier Milei publicó en X uno de los mensajes más virulentos de su mandato contra la prensa. Encabezado con la frase "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)" en mayúsculas, el texto fue una extensa defensa pública de José Luis Espert —economista, exdiputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza— en el contexto del giro judicial del empresario Federico "Fred" Machado ante los tribunales federales de Texas. Milei acusó a periodistas y dirigentes políticos de haber "hecho mierda a un tipo inocente", de "arruinarle la vida" y de haberlo "empujado al ostracismo" mediante lo que calificó como "una operación política y mediática infame". El posteo fue publicado la noche del domingo y acumuló en pocas horas cientos de miles de interacciones, con respuestas polarizadas que reprodujeron el eje central de la grieta política argentina.

El detonante fue una novedad judicial de alto impacto: Federico "Fred" Machado, el empresario rionegrino extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025 y detenido desde entonces en una cárcel de Oklahoma, alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin, tramitada ante el Eastern District of Texas. Según ese acuerdo, Machado se declaró culpable de conspiración por lavado de activos y fraude electrónico a cambio de quedar fuera de la imputación por narcotráfico, cargo que desde 2021 pesaba sobre él y que era, junto con su relación con Espert, el corazón de la controversia política en Argentina. La audiencia de homologación del acuerdo ante el juez Amos Mazzant III quedó fijada para este lunes 18 de mayo. La pena máxima por los dos delitos reconocidos asciende a 20 años por cada uno, aunque la defensa especula con que se tomen en cuenta los seis meses ya cumplidos en prisión preventiva y una posible condena alternativa con arresto domiciliario.

La lectura que hizo Milei del acuerdo fue la siguiente: si Machado no se declaró culpable de narcotráfico, entonces la tesis central que vinculaba a Espert con el narco queda desacreditada. Esa lectura es jurídicamente parcial. Machado se declaró culpable de lavado de activos y fraude electrónico dentro de una causa que se originó en la investigación de una red de narcotráfico internacional que utilizaba aviones de matrícula estadounidense para transportar cocaína. El expediente federal documenta transferencias por 75.660.400 dólares entre cuentas vinculadas a Machado y empresas asociadas entre 2016 y 2020. Y entre esa documentación figura, de forma explícita, una transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado a favor de Espert en enero de 2020, acreditada a través del Bank of America. El hecho de que Machado haya evitado el cargo de narcotráfico mediante un acuerdo de cooperación no elimina la relevancia de esa transferencia para la investigación judicial que afecta a Espert en Argentina.

El caso tiene una cronología relevante para entender su dimensión política. La relación entre Espert y Machado comenzó en 2019, cuando el financista patrocinó la campaña presidencial del economista —que obtuvo el 1,47% de los votos— y firmó un contrato de asesoría por un millón de dólares, del que se documentó el cobro de al menos 200.000. Espert realizó al menos 36 vuelos en aviones de Machado, según pericias incorporadas a la causa judicial. En octubre de 2025, la justicia argentina ordenó el allanamiento del domicilio de Espert. Cuando Machado fue detenido en Viedma, las autoridades encontraron un contrato de un millón de dólares vinculado al nombre de Espert. Esa acumulación de hechos fue lo que llevó a Espert a ser retirado de la boleta de La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, pese a ser el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

La reacción de Milei fue inmediata y desproporcionada en términos políticos convencionales. Que un presidente en ejercicio publique un texto encabezado con "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)" en sus redes sociales para defender a un aliado político en el contexto de una causa judicial activa es, por sí mismo, un hecho político de primer orden. No es la primera vez que Milei utiliza la red X para atacar a la prensa —el gobierno lleva más de un año y medio en una relación de confrontación sistemática con sectores del periodismo—, pero sí es uno de los episodios más agresivos en términos de lenguaje y de deliberada ruptura de las convenciones que suelen separar la comunicación presidencial de los ataques personales directos a periodistas específicos. Varios reporteros identificados en el posteo original y en las respuestas del presidente recibieron amenazas de sus seguidores en las horas siguientes.

Desde una perspectiva analítica, el episodio del domingo 17 de mayo concentra varias de las dinámicas centrales del gobierno de Milei en su segunda etapa. La primera es la lógica de la permanente guerra cultural: el gobierno no administra los conflictos políticos sino que los amplifica, convirtiendo cada escándalo en una oportunidad de movilización de su base electoral mediante el mecanismo del "nosotros contra el sistema". La defensa de Espert no es solo un acto de lealtad personal —aunque también lo es—: es una operación política que reactiva el relato del "perseguido inocente frente a la corporación mediática", relato que Milei ha utilizado en su propio beneficio desde antes de llegar al poder.

La segunda dinámica es la de la presión sobre la justicia. Cuando un presidente en ejercicio califica de "operación" y de "infame" una causa judicial activa, no está solo expresando una opinión personal: está enviando una señal al sistema judicial sobre cómo el Ejecutivo evalúa esa investigación. Esa señal tiene efectos sobre los operadores judiciales, sobre los testigos y sobre la percepción pública de la causa. En un país donde la relación entre el poder político y el poder judicial ha sido históricamente compleja y frecuentemente sometida a presiones indebidas, el peso de una declaración presidencial de ese tipo no debe subestimarse.

Lo que queda pendiente en el plano judicial es la homologación del acuerdo de Machado en Texas, la continuidad de las investigaciones argentinas sobre Espert —que no dependen del acuerdo estadounidense—, y la eventual pérdida de los fueros del exdiputado una vez que el proceso judicial avance. Lo que queda pendiente en el plano político es saber si la defensa pública de Milei logra rehabilitar la figura de Espert dentro del espacio de La Libertad Avanza, o si el propio escándalo —que no desapareció sino que mutó en un nuevo capítulo con el acuerdo de culpabilidad de Machado— seguirá pesando sobre uno de los economistas que más tempranamente reivindicó las ideas que el presidente llevó al poder.