Tomas en el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, paro docente el viernes y el Gobierno sin girar fondos universitarios

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público argentino lleva más de dos años de tensión sostenida, cuatro marchas federales masivas y una Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso que el Ejecutivo no aplica. El martes 27 de mayo se añadió un nuevo capítulo: los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini —dos de los colegios preuniversitarios más emblemáticos del país, dependientes de la UBA— votaron en asambleas la toma de los edificios por tiempo indeterminado. La medida comenzó al caer la tarde, cuando terminó el turno vespertino, con presencia de estudiantes dentro de los establecimientos. En paralelo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en todas las casas de altos estudios estatales del país. Y los docentes universitarios exigen un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023. El escenario es el de una crisis que no para de escalar.

Las tomas: por qué el Nacional y el Pellegrini

El Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini son dos instituciones con larga tradición de activismo estudiantil y alto perfil público. Pero las razones de la toma del martes no son ideológicas: son concretas y cotidianas. Los estudiantes denuncian renuncias masivas de docentes —que se van porque los sueldos no alcanzan para vivir—, deterioro edilicio sin reparación, cursos enteros sin profesores durante semanas y una crisis de funcionamiento que se agrava mes a mes. El bigbangnews.com citó a estudiantes del Pellegrini que fueron categóricos: "No los están llevando al límite: los están buscando destruir", en referencia al sistema de educación pública. El reclamo en ambos colegios confluye con el de las universidades: exigir que el Gobierno cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente judicializada después de que Milei la vetara en octubre de 2024, el veto fuera sostenido por el Congreso con los votos de LLA y el PRO, y la causa llegara a la Justicia federal. La decisión de las tomas fue por tiempo indeterminado pero con revisión diaria en asamblea.

El paro docente del viernes: 52,1% de aumento o huelga nacional

Horas después del anuncio de las tomas estudiantiles, la FEDUN confirmó lo que se venía anticipando: un paro total de 24 horas el viernes 29 de mayo en todas las universidades nacionales del país. La demanda es precisa: un aumento salarial del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo que los docentes universitarios perdieron desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La convocatoria se suma a la dinámica de paros semanales que las universidades nacionales vienen realizando como medida de fuerza y que arrancaron después de la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo —masiva en todo el país, convocada bajo el lema "Señores jueces, que Milei cumpla la ley"—. Ese martes 27, además, se desarrollaron clases públicas impulsadas por docentes universitarios frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires, con la misma consigna. La escalada gremial tiene un trasfondo que la UBA había documentado en su comunicado de septiembre de 2025: el presupuesto universitario cayó más del 45% en términos reales en dos años y medio, el gasto universitario quedó por debajo del 0,5% del PBI —el piso histórico alcanzado en 2025— y ya renunciaron más de 10.000 docentes en todo el sistema universitario público.

El eje central: la Ley de Financiamiento Universitario y los fondos no girados

El detonante más reciente de la crisis no es abstracto: el Gobierno no giró ni un peso de los 80.000 millones de pesos asignados en el Presupuesto 2026 para el funcionamiento de los hospitales universitarios. El dato lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en una conferencia de prensa del 8 de mayo, cuando convocó a la Marcha Federal del 12. La Red de Hospitales Universitarios de la UBA —que incluye el Hospital de Clínicas, el de Odontología y otros centros de atención de alta complejidad— advirtió el 5 de mayo que la falta de fondos ya ponía en riesgo la atención médica de miles de pacientes. "La no transferencia de fondos incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el propio Gobierno", señaló la Red en su comunicado. El escenario que denuncia la UBA es el de un Estado que aprueba un presupuesto, lo promulga y luego no lo ejecuta. No es un problema de debate político sobre cuánto debe invertirse en educación: es un incumplimiento de la ley propia del Gobierno, con consecuencias concretas sobre el funcionamiento de servicios de salud.

La cronología del conflicto universitario 2024-2026

El Gobierno sin respuesta: la estrategia del silencio y sus costos

La posición del Gobierno ante el conflicto universitario se puede resumir en tres palabras: no hay plata. Pero esa respuesta, que funcionó políticamente durante los primeros meses del ajuste en 2024, empieza a tener fisuras. En primer lugar porque el Gobierno sí hay plata para algunas cosas: aprobó partidas para defensa, para obra pública en provincias aliadas y para programas estratégicos, pero los hospitales universitarios llevan meses sin un solo peso. En segundo lugar porque la Ley de Financiamiento Universitario no es una demanda de los docentes: es una ley del Congreso que el propio Gobierno tiene la obligación legal de cumplir. En tercer lugar porque el costo político es creciente: la educación pública universitaria tiene altísimo nivel de apoyo ciudadano en Argentina, y cada marcha masiva —la del 12 de mayo fue descripta por El País de España como "cientos de miles de docentes, estudiantes y autoridades académicas"— agrega presión sobre un Gobierno que ya tiene abiertos múltiples frentes de conflicto simultáneo. El conflicto universitario no es solo un problema educativo: es, cada vez más, un termómetro de la legitimidad social del ajuste.