El Gobierno de Javier Milei tiene un problema y una apuesta. El problema: ningún sector de la economía argentina ha sido capaz, en décadas, de generar la masa de inversión extranjera necesaria para estabilizar las reservas del Banco Central de manera estructural. La apuesta: que la inteligencia artificial, los semiconductores y los data centers —los sectores más intensivos en capital de la economía global de 2026— puedan hacer por Argentina lo que el petróleo hizo por los Emiratos o los microchips por Taiwán. El vehículo para esa apuesta se llama "Súper RIGI", y el Poder Ejecutivo lo envió a la Cámara de Diputados a principios de mayo a través del Mensaje 181/2026. El proyecto es, en esencia, el RIGI de 2024 amplificado: misma filosofía de blindaje fiscal a largo plazo, mismos incentivos cambiarios y aduaneros, pero con un umbral de entrada cinco veces más alto —USD 1.000 millones mínimos por proyecto, frente a los USD 200 millones del régimen original— y un foco exclusivo en sectores que, según los fundamentos del proyecto, "actualmente no existen en el país o se encuentran en fase experimental o piloto". El argumento oficial es que para atraer a los jugadores que mueven esos sectores —OpenAI, Nvidia, TSMC, los grandes fondos de capital de riesgo de Silicon Valley— Argentina necesita ofrecer condiciones que no encuentren en ningún otro país de la región. El Súper RIGI intenta hacer exactamente eso.
Los beneficios concretos: qué ofrece el proyecto a los inversores
El paquete de incentivos que el Súper RIGI pone sobre la mesa es el más generoso que un proyecto de ley haya contemplado en la historia reciente de la política de inversiones argentina. En materia tributaria: reducción del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen; amortización acelerada de inversiones; deducción de quebrantos sin límite temporal; y una alícuota sobre dividendos y utilidades que puede bajar hasta el 3,5% a partir del cuarto año de adhesión. También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y exenciones de derechos de importación y exportación. En materia laboral: las nuevas relaciones de trabajo vinculadas a proyectos adheridos tributarán una contribución patronal unificada del 10% —frente al régimen general vigente—. En materia cambiaria: las empresas podrán disponer progresivamente de las divisas generadas por exportaciones: el 20% tras el primer año, el 40% después del segundo y el 100% luego del tercero. Además, no estarán obligadas a liquidar en el mercado local las divisas provenientes de aportes de capital o financiamiento externo. Y el elemento que el Ejecutivo presenta como su argumento más poderoso: 30 años de estabilidad normativa garantizada —tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social— con la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional en controversias con el Estado nacional.
RIGI original vs. Súper RIGI: las diferencias clave
| Variable | RIGI (2024) | Súper RIGI (proyecto 2026) |
|---|---|---|
| Inversión mínima | USD 200 M (USD 300 M-600 M en petróleo/gas) | USD 1.000 M por proyecto |
| Sectores | 8 sectores: petróleo, gas, minería, energía, tecnología, siderurgia, foresto, turismo | Exclusivamente sectores de "frontera tecnológica": IA, semiconductores, biotech avanzada, data centers, litio, vehículos eléctricos, hidrógeno, paneles solares |
| Impuesto a las Ganancias | 25% (régimen general reducido) | 15% para VPU adheridos |
| Dividendos y utilidades | Beneficios parciales | Hasta 3,5% desde el 4° año |
| Contrib. patronal | Régimen general | 10% unificado para relaciones laborales nuevas |
| Libre disp. divisas | Progresiva (similar) | 20% (año 1) → 40% (año 2) → 100% (año 3+) |
| Estabilidad normativa | 30 años | 30 años + arbitraje internacional |
| Proyectos elegibles | Ampliación o modernización también admitidas | Solo "nuevas actividades": actualmente inexistentes o en fase piloto/experimental en Argentina |
| Ventana de presentación | Hasta el 8 de julio de 2026 (prorrogable) | 5 años desde aprobación, prorrogable 1 año más |
| Condición para provincias | Adhesión voluntaria | Adhesión obligatoria; normas provinciales que limiten los incentivos: "nulas de nulidad absoluta" |
Los sectores apuntados: de la IA a las baterías de litio
El texto del Súper RIGI define como actividades elegibles aquellas vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica que actualmente no tienen desarrollo consolidado en Argentina. El listado de sectores prioritarios incluye: inteligencia artificial e infraestructura para modelos de lenguaje a gran escala; fabricación de semiconductores (chips, microprocesadores); biotecnología avanzada de alta complejidad; centros de datos (data centers) para computación de alto rendimiento; producción de baterías de litio y almacenamiento de energía; fabricación de vehículos 100% eléctricos; paneles solares y turbinas eólicas; y plantas de hidrógeno verde. El proyecto no incluye ampliaciones de instalaciones ya existentes ni proyectos en sectores con desarrollo maduro en el país. El ministro Caputo describió el objetivo como la creación de un "ecosistema periférico alrededor de los recursos estratégicos nacionales": la lógica es que Argentina combine su abundancia de recursos naturales —litio, agua, energía barata, espacio físico en la Patagonia— con los incentivos fiscales del Súper RIGI para convertirse en hub regional de la industria tecnológica de frontera.
Stargate Argentina y el primer gran proyecto en la mira
El Súper RIGI no nació en el vacío. En octubre de 2025, la empresa Stargate Argentina —vehículo creado con participación de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT— firmó una carta de intención con el Gobierno para instalar un mega data center de 500 megavatios en la Patagonia, con una inversión potencial de hasta USD 25.000 millones. El proyecto es exactamente el tipo de inversión que el Súper RIGI está diseñado para capturar: escala mínima de USD 1.000 millones (el proyecto lo multiplica por 25), sector inexistente en Argentina a esa escala (infraestructura de IA), demanda de energía eléctrica barata y abundante (disponible en la Patagonia), y necesidad de estabilidad jurídica a largo plazo (30 años de blindaje). Además, el proyecto tiene el interés del inversor Peter Thiel —cofundador de PayPal y Palantir— en el ecosistema tecnológico argentino, mencionado en los fundamentos del envío del proyecto como señal del interés del sector privado internacional. El debate parlamentario del Súper RIGI se daría, en el mejor de los casos para el Gobierno, en el segundo semestre de 2026, en paralelo con las negociaciones técnicas con Stargate y otros potenciales inversores.
Las objeciones: soberanía provincial, energía y agua
El Súper RIGI llega al Congreso con al menos tres objeciones de fondo que sus críticos —desde el kirchnerismo hasta el radicalismo y parte del PRO provincial— ya enunciaron públicamente. La primera y más polémica es la cláusula que declara nulas de nulidad absoluta e insanable las normas provinciales o municipales que "limiten o alteren" los incentivos del régimen. Los gobernadores interpretan esa cláusula como una violación directa del federalismo constitucional: si una provincia quiere exigir a un data center que use energía renovable o que pague derechos de agua, el Súper RIGI se lo impediría. La segunda objeción es ambiental y energética: los mega data centers de IA son grandes consumidores de electricidad —un centro de 500 MW consume la misma energía que una ciudad mediana— y de agua para refrigeración. Los críticos del proyecto advierten que Argentina no tiene un plan de desarrollo energético articulado con los planes de atracción de inversiones. La tercera objeción es fiscal: al reducir Ganancias al 15% y dividendos al 3,5%, el Estado nacional renuncia a una porción significativa de recaudación futura en los proyectos más rentables de la economía global, en beneficio de empresas que, por definición, serán en su mayoría de capital extranjero. El oficialismo responde que esa recaudación hoy es cero porque esos sectores directamente no existen en el país.