El viernes 21 de mayo, el Ministerio de Capital Humano lanzó con un comunicado oficial y el respaldo público del presidente Javier Milei el programa que bautizan como "Gemelo Digital Social". La ministra Sandra Pettovello encabezó el anuncio, que describió como "un cambio de paradigma en la política social con el uso de IA". El sistema —según el comunicado oficial— funciona con equipos técnicos propios del Ministerio, sin contratación de empresas externas para su implementación. Su lógica, según las fuentes oficiales que reconstruyó Infobae, es trasladar al terreno social la misma lógica que el mundo tecnológico e industrial aplica desde hace años en logística, urbanismo y energía: construir una representación virtual dinámica de un proceso real —en este caso, la población argentina y su interacción con los programas sociales del Estado— para simular escenarios, detectar patrones y anticipar consecuencias antes de ejecutar políticas. El nombre "gemelo digital" viene exactamente de esa analogía: se trata de una copia digital del objeto real (la realidad social) que el sistema puede manipular en entornos virtuales para ver qué pasa si se cambia una variable. El problema, según sus críticos, es que en este caso el "objeto real" que se está copiando digitalmente no es una turbina o un edificio: son las personas, sus datos de salud, sus ingresos, su historial laboral y educativo. Y eso cambia todo.
Las cuatro dimensiones del sistema: qué hace y cómo lo hace
El modelo que presentó Capital Humano tiene, según los detalles que confirmó Infobae con fuentes oficiales, cuatro capacidades operativas que funcionan de forma escalonada. La primera es descriptiva: ordenar y procesar información relevante sobre distintos fenómenos sociales, construyendo un estado de situación en tiempo real a partir de múltiples fuentes. La segunda es causal o explicativa: detectar patrones, identificar relaciones entre variables y explicar por qué ciertos fenómenos sociales ocurren. La tercera es predictiva: a partir de esos patrones, proyectar qué podría suceder bajo determinadas condiciones —si se modifica un programa social, si cambia el salario mínimo, si se cierra un plan de asistencia alimentaria—. Y la cuarta, la más controvertida, es prescriptiva: orientada a optimizar decisiones y recursos a partir de simulaciones, sugiriéndole al Estado qué hacer para maximizar el impacto de sus intervenciones. Las fuentes de datos que el sistema integrará incluyen, según el comunicado oficial y las fuentes citadas por Infobae: áreas de empleo, educación, niñez y programas sociales; estadísticas demográficas; registros provinciales y datos económicos. Y también, de manera potencial, "información proveniente de actores privados y distintos organismos públicos". Eso incluye —según el análisis de la diputada Teresa García publicado por su bloque— datos del ANSES, el RENAPER, el PAMI y los registros de historias clínicas.
Los pedidos de informes: qué quiere saber la oposición
La presentación del Gemelo Digital Social, según la crónica de Ambito Financiero, "pareció saltarse todas las etapas de consenso". En menos de 48 horas, la oposición reaccionó con instrumentos parlamentarios concretos. El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) lideró un pedido de informes firmado por cinco legisladores del bloque —también Scaglia, Paulón, Basualdo y Torres— dirigido al Ministerio de Capital Humano para que explique: qué organismos están detrás del proyecto; qué actos administrativos lo sustentan; cómo se financiará y con qué partida presupuestaria; cómo se accederá a los datos de ANSES, RENAPER, historias clínicas y PAMI; y, específicamente, "si puede usarse el algoritmo que se genere para eventuales políticas que impliquen la discriminación de uno o varios grupos sociales". Por su parte, el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes paralelo enfocado en los riesgos para la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Los dos pedidos coinciden en los puntos que el Gobierno no respondió en su comunicado: quién desarrolla el sistema, cuánto cuesta, sobre qué base legal opera y qué garantías existen contra el uso indebido de la información personal de los argentinos.
Las preguntas que el Gobierno no respondió (todavía)
| Pregunta clave | Respuesta oficial disponible | Quién la reclama |
|---|---|---|
| ¿Quién desarrolla técnicamente el sistema? | Capital Humano dice "equipos propios", sin mayor detalle | Juliano (PU), Rossi (UxP), Wired |
| ¿Tiene contrato con Palantir u otra empresa privada? | No confirmado ni descartado | Wired, García (bloque propio) |
| ¿Cuál es el presupuesto asignado? | Sin datos públicos | Juliano y cuatro diputados de PU |
| ¿Qué acto administrativo lo autoriza? | Sin resolución ministerial publicada en el BO | Juliano (PU); especialistas en derecho digital |
| ¿Cómo se accede a datos de ANSES, RENAPER y PAMI? | Sin detalles sobre convenios o bases legales específicas | Ambos pedidos de informes |
| ¿Prevé perfilamiento automatizado de ciudadanos? | No mencionado en el comunicado oficial | Pedido de informes de Provincias Unidas |
| ¿Qué medidas contra discriminación algorítmica? | Sin respuesta oficial | Pedido de informes Juliano et al. |
| ¿Cuál es la arquitectura técnica del sistema? | Sin información pública | Allo (especialista ciberseguridad/IA) |
La sombra de Palantir y el debate sobre vigilancia masiva
El lanzamiento del Gemelo Digital Social reactivó inmediatamente una sospecha que circula en los círculos de privacidad digital desde que asumió Milei: el posible vínculo del Gobierno con Palantir Technologies, la empresa estadounidense de análisis de datos masivos cofundada por Peter Thiel —el mismo inversor mencionado en el proyecto del Súper RIGI— que ha tenido contratos con varios gobiernos para sistemas de vigilancia e inteligencia. Wired en español publicó un análisis el 26 de mayo que alerta sobre ese vínculo potencial, aunque sin confirmación oficial. La diputada Teresa García —que fue ministra de Gobierno bonaerense— publicó en sus redes un análisis de los riesgos que describe el Gemelo Digital como la infraestructura de "un Estado de Vigilancia Automatizada" que requiere, para funcionar, "un cruce de datos brutal": ingresos, salud, historial educativo, geolocalización, vínculos familiares. El Ministerio de Capital Humano no confirmó ningún vínculo con Palantir ni con ninguna otra empresa privada en el desarrollo del sistema. Pero tampoco lo descartó explícitamente.
La ley del año 2000 que no alcanza a la IA: el vacío legal de fondo
Debajo de la controversia política hay un problema estructural que los especialistas señalan como el verdadero agujero del asunto: Argentina no tiene legislación actualizada para regular los sistemas de inteligencia artificial que procesan datos personales a escala masiva. La Ley de Protección de Datos Personales vigente fue sancionada en el año 2000 —seis años antes de que existieran las redes sociales tal como las conocemos hoy, dieciséis años antes de que ChatGPT existiera—, y no contiene herramientas para alcanzar a las nuevas plataformas digitales ni, mucho menos, a los sistemas de inteligencia artificial predictivos y prescriptivos. En lo que va de 2026, según Ambito Financiero, se presentaron en el Congreso Nacional 23 proyectos de ley vinculados a la reforma de esa legislación para adaptarla a la era de la IA. Ninguno tiene dictamen de comisión ni fecha de tratamiento en el recinto. La paradoja es completa: el Gobierno avanza con la implementación de uno de los sistemas de IA más ambiciosos en la historia del Estado argentino en un contexto en el que el marco legal que debería regularlo, controlarlo y proteger a los ciudadanos de sus eventuales abusos no está aprobado ni siquiera en sus versiones parlamentarias más básicas.