El martes 27 de mayo, el Poder Ejecutivo completó el trámite formal que faltaba para transformar el "Súper RIGI" de un anuncio político en un proyecto de ley con número de expediente y destino parlamentario: el Mensaje 181/2026 ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados bajo el nombre oficial de "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias". El jefe de Gabinete Manuel Adorni había anunciado el viernes previo el envío de un paquete de cuatro proyectos al Congreso; el Súper RIGI fue el más complejo de los cuatro y el que generó mayor expectativa y resistencia simultánea. La mesa de entradas lo giró de inmediato a tres comisiones en plenario: Presupuesto y Hacienda —presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch—, Industria —a cargo de José Luis Garrido— y, de manera probable, Ciencia, Tecnología e Innovación, que conduce Martín Yeza. El oficialismo fijó como calendario de trabajo el inicio del debate en comisiones para el martes o miércoles de la primera semana de junio, con la expectativa —ambiciosa, en un Congreso donde LLA no tiene mayoría propia— de conseguir la media sanción antes del receso de invierno de julio. El proyecto se convirtió así en la principal apuesta legislativa del Gobierno para el segundo semestre de 2026, en un contexto en que la economía real muestra señales de estancamiento y el Gobierno necesita anuncios de inversión de gran escala para sostener el relato de transformación estructural del país.
Los beneficios concretos: qué ofrece el Súper RIGI
| Beneficio | Súper RIGI (proyecto) | RIGI vigente (Ley 27.742) |
|---|---|---|
| Inversión mínima | USD 1.000 millones por proyecto | USD 200 millones por proyecto |
| Impuesto a las Ganancias | 15% (alícuota fija) | 25% (alícuota reducida) |
| Amortización acelerada | 60% año 1 / 20% año 2 / 20% año 3 | Acelerada, pero menor proporción en año 1 |
| Impuesto a dividendos | 3,5% a partir del año 4 | 7% a partir del año 7 |
| Libre disponibilidad de divisas | 20% año 1 / 40% año 2 / 100% desde año 3 | 20% año 1 / 40% año 2 / 100% desde año 7 |
| Aranceles de importación | 0% (sin zonas grises en nomenclatura) | 0% (con algunas imprecisiones en nomenclatura) |
| Aranceles de exportación | 0% | 0% |
| Ingresos Brutos provinciales | Máximo 0,5% para provincias adherentes | Máximo 1,5% |
| Estabilidad normativa | 30 años (fiscal, aduanera, cambiaria) | 30 años |
| Arbitraje internacional | Habilitado | Habilitado |
| Vigencia del régimen | 5 años para nuevas adhesiones | Abierta (con condiciones) |
| Costo fiscal estimado (CEPA) | USD 1.069 millones/año | USD 560 millones/año (estimado) |
Los 11 sectores: actividades que no existen en Argentina
El Súper RIGI está diseñado exclusivamente para proyectos en sectores que actualmente no existen en el tejido productivo argentino o se encuentran en fase experimental. Las modernizaciones y ampliaciones de plantas ya existentes están explícitamente excluidas del régimen. Los once sectores incluidos en el texto del proyecto son: inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos (data centers); semiconductores; biotecnología avanzada; cadena completa del litio (extracción, procesamiento, manufactura de celdas); fabricación de baterías; hidrógeno verde y de bajas emisiones; GNL onshore; reactores nucleares pequeños y medianos (SMR); paneles solares; turbinas eólicas; y vehículos eléctricos al 100%. El denominador común es la intensidad de capital, la escala mínima de inversión requerida y el hecho de que todos compiten con localizaciones en países que ofrecen condiciones fiscales e institucionales equivalentes o superiores. El ministro Luis Caputo lo explicó con esa lógica al presentar el proyecto: se trata de industrias con "márgenes reducidos que compiten con países que tienen ventajas impositivas e institucionales frente a la Argentina". El caso emblemático —que el Gobierno menciona en los fundamentos del proyecto— es el de Stargate / OpenAI: el data center de 500 megavatios en la Patagonia que el Gobierno negoció con la empresa de Sam Altman y para el que el Súper RIGI está diseñado como vehículo jurídico.
El debate que falta: costo fiscal, federalismo y viabilidad política
El proyecto encontró resistencia en tres frentes distintos desde el primer día de debate público. El primero es el costo fiscal: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un análisis del RIGI vigente —ya activo— donde estimó que su impacto en la recaudación nacional podría rondar los USD 1.069 millones anuales. El Súper RIGI, con beneficios más amplios y una escala de proyectos mayor, elevaría ese costo. Los críticos del proyecto —como el economista Guido Bambini— señalan que las exenciones son tan profundas que el Estado "pierde recaudación sin garantía de que esas inversiones se concreten". El segundo frente es el federalismo: la cláusula que limita el Impuesto a los Ingresos Brutos provincial al 0,5% para las jurisdicciones adherentes implica, en la práctica, que las provincias que quieran atraer proyectos del Súper RIGI deben resignar recaudación propia. Ese punto generó resistencias en varios bloques provinciales del Congreso. El tercer frente es la viabilidad parlamentaria: LLA no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Para aprobar el proyecto en Diputados, el Gobierno necesita construir una coalición con el PRO, la UCR y algunos bloques provinciales —una alianza que, según el análisis de TN, le da aproximadamente 37 votos en el Senado y una mayoría ajustada pero posible en Diputados. La estrategia del oficialismo es acelerar el debate en comisiones antes de que el kirchnerismo y los bloques opositores organicen sus objeciones, y conseguir la media sanción antes de la feria de julio.