La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a colmar las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país, instalando en el centro de la agenda pública la crisis de financiamiento que atraviesa la educación superior y el fuerte deterioro de los salarios docentes. Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la movilización tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y frente al Congreso, donde confluyeron columnas de estudiantes, docentes, no docentes, rectores y organizaciones sociales.

El reclamo se concentra en el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, aprobada en 2025 por el Congreso y ratificada por la Justicia, que fija pautas de aumento presupuestario y recomposición salarial para el sistema universitario público. Pese a los fallos que ordenan su aplicación, las universidades denuncian que el Poder Ejecutivo no está ejecutando los recursos previstos, lo que se traduce en presupuestos que pierden contra la inflación y en salarios por debajo de la línea de pobreza para una parte significativa del personal docente y no docente.

Para 2026, el presupuesto nacional destinado a la educación superior ronda los 4,8 billones de pesos, pero diferentes proyecciones inflacionarias señalan que esto implica una caída real de alrededor del 18% respecto de 2025 y de más del 40% en comparación con 2023. Las autoridades universitarias advierten que esta combinación de subejecución y pérdida de poder adquisitivo está impactando en el funcionamiento cotidiano de las instituciones: reducción de actividades de investigación, viajes de campo cancelados, laboratorios con insumos limitados y crecientes dificultades para sostener programas de becas estudiantiles.

El malestar salarial no se restringe al ámbito universitario. En el conjunto del sistema educativo, los gremios vienen rechazando sucesivas ofertas del Gobierno nacional al considerar que los incrementos propuestos no alcanzan a cubrir el costo de vida. En la última negociación, el Ejecutivo ofreció llevar el salario mínimo docente de 500.000 a 650.000 pesos, cifra que los sindicatos calificaron de insuficiente frente a estimaciones que ubican la línea de pobreza en torno a 1.300.000 pesos mensuales; las organizaciones advirtieron que, de no mejorar la propuesta, continuarán las medidas de fuerza en todo el país.

En varias provincias, los paros y movilizaciones docentes ya se han extendido más allá de la educación superior, con altos niveles de adhesión en distritos del conurbano bonaerense y ciudades del interior, donde se reclama por “salarios de pobreza”, falta de recursos y condiciones laborales deterioradas, incluyendo retrasos en los pagos y restricciones en los regímenes de licencias. Estos conflictos locales se articulan con la protesta universitaria y refuerzan la idea de una crisis estructural del financiamiento educativo que atraviesa todo el sistema, desde la escuela primaria hasta las universidades.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene un discurso de expectativa económica para 2026 y resalta que el programa de ajuste busca sentar las bases para un crecimiento futuro, lo que, según funcionarios del área económica, convertiría al año en curso en “uno de los mejores en décadas” tras las elecciones legislativas. Sin embargo, las comunidades educativas señalan que, lejos de un escenario de bonanza, la combinación de recortes, inflación persistente y salarios rezagados está poniendo en riesgo el carácter público, gratuito y federal de la universidad argentina, y reclaman un cambio de rumbo que priorice la inversión en educación como política de Estado.

La masividad de la Marcha Federal Universitaria y la renovación del conflicto salarial docente anticipan que el debate por el financiamiento educativo se mantendrá abierto en los próximos meses, tanto en el Congreso como en la Justicia y en las calles. Rectores, estudiantes y sindicatos coinciden en que el desenlace de esta puja será clave para definir no solo los números del presupuesto, sino el modelo de universidad y de escuela pública que tendrá la Argentina en los próximos años.